El alcalde asegura que el decreto del litoral es una continuación de la política errática de la Junta en materia urbanística

El alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla, ha
asegurado hoy que el Decreto-Ley 5/2012 de 27 de noviembre, sobre adecuación
del planeamiento general de los municipios al Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía (POTA) y sobre medidas urgentes de protección
del litoral andaluz, supone un castigo para los municipios costeros andaluces,
y una continuación de la “política errática” que la Junta ha venido
practicando, en los últimos 20 años, en materia urbanística y de ordenación
del territorio en la comunidad autónoma.
Delgado Bonilla ha asegurado, durante su intervención esta mañana en la
Tribuna de Alcaldes del Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, que
esta medida viene a culminar “la dispersión y el marasmo legislativo y de
planeamiento territorial” desarrollado por la Junta de Andalucía, “que, en
todo este tiempo, no ha hecho otra cosa que confundir a la ciudadanía”
con una multitud de normas urbanísticas, sectoriales y planes territoriales
que dificultan el conocimiento de la materia “y crean una grave inseguridad
jurídica”.
No hay razones de urgencia
El alcalde veleño ha añadido que la Junta de Andalucía ha justificado la
aprobación de este decreto por razones de urgencia, tanto de protección
del litoral, como de necesidad de adaptación de los planes generales municipales
al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), “cuando,
en realidad, no existen tales razones de urgencia”, sino que realmente ha
sido una medida impuesta “coactivamente” a los municipios, “sin justificación
ni diálogo previo”.
En este sentido, Delgado Bonilla ha indicado que, desde una perspectiva jurídica, este decreto ley “no es un caso de extraordinaria y urgente necesidad,
al que hacen referencia el artículo 86.1 de la Constitución Española
y el artículo 110.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, con lo que
existen claros motivos de impugnabilidad ante el Tribunal Constitucional”,
ha explicado.
“¿Cómo se indica ahora que es urgente la planificación territorial del litoral
cuando la propia Junta dictó, en los años 90, las ‘Directrices Regionales
del Litoral de Andalucía’ y el ‘Programa de Planeamiento Litoral’, que no ha
desarrollado nunca? Es más, el Defensor del Pueblo Andaluz ya recomendó,
hace 20 años, que se estudiara la posibilidad de tramitar una Ley de
Ordenación y Protección del Litoral Andaluz que fuera realmente un marco
normativo, sin que la Junta le hiciera caso. Por tanto, ¿qué urgencia tiene
la Junta ahora y por qué utiliza la figura del decreto ley, que debe ser excepcional?”,
ha preguntado el primer edil,
Al mismo tiempo, el máximo mandatario de la capital de la Costa del Sol
Axarquía ha señalado que esta medida de la Junta de Andalucía plantea
problemas competenciales con los municipios del litoral andaluz, al tiempo
que ha advertido de su “posible inconstitucionalidad por no respetar el
principio de Autonomía Local”. En este sentido, el primer edil ha señalado
que este decreto es una clara invasión de competencias propias de los
Ayuntamientos costeros, “por lo que estaríamos ante un fraude de ley, ya
que se trata de competencias que corresponden a los municipios para fijar
las bases del modelo de ciudad”.
Inoportunidad e incongruencia
Bonilla ha indicado que la inoportunidad de la aprobación de este decreto
y toda la inseguridad jurídica que genera, revelan la “incongruencia” de
la Junta de Andalucía en materia urbanística, ya que pretende “ordenar y
meter en cintura a los Ayuntamientos, y sobre todo a los de la Costa del
Sol, cuando estos atraviesan la crisis económica más grave de los últimos
30 años y, encima, se decide actuar y legislar ahora cuando la actividad
en el sector inmobiliario es escasa”, ha explicado el alcalde, quien ha sentenciado:
“Cuando la Junta debió actuar no lo hizo y ahora, en el estado
delicado por el que atraviesa España, nos adentra en la más absoluta indeterminación
e inseguridad jurídica. Con razón los inversores se han ido y,
quizá, mientras esté este Gobierno andaluz, no vuelvan nunca. El decreto
ha frenado en seco nuestro desarrollo económico”.
Delgado Bonilla ha señalado que, en el caso de Vélez-Málaga, este decreto
ley tiene importantes efectos como la suspensión del procedimiento
para la aprobación de planes de sectorización y planes parciales en suelo
urbanizable, afectando a 15 ámbitos territoriales del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) en diferentes puntos del municipio, demás de
todos los problemas urbanísticos que provoca la obligación de adaptar el
PGOU al POTA. Por último, el regidor ha recordado al PSOE y a Francisco
Conejo que los veleños aún están esperando los 2.345 millones de euros
que prometieron cuando firmaron, en 2008, la moción de censura.